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Salvador García Soto
Salvador García Soto
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Salvador García Soto es periodista. Nació en Guadalajara Jalisco, donde cursó la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac. En Guadalajara colaboró en varios medios locales y en oficinas de los gobiernos estatal y federal. Fue reportero de la fuente política en El Heraldo de México y en el diario La Crónica de Hoy. Desde 1998 escribe la columna política Serpientes y Escaleras que se ha publicado en los periódicos La Crónica, El Independiente y actualmente en el Universal Gráfico. Fue director general de Crónica y ha colaborado en revistas como Vértigo y Cambio. Durante dos años fue conductor del programa Cambio y Poder que se transmite por Cadena Raza y desde noviembre 2003 colabora en W Radio como comentarista del noticiario Hoy por Hoy tercera emisión y en el programa El Weso.

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24 Agosto 2019 04:03:00
El operador de la 4T con los jueces
En el Poder Judicial ya es un secreto a voces que comentan y confirman que varios jueces y hasta magistrados han recibido la visita o la llamada del personaje que les transmite “consignas” o “recomendaciones” de parte del Gobierno federal en casos que guardan importancia especial para el Ejecutivo. Actúa de manera muy comedida y nunca con malos modos o formas rudas, sino con comentarios que, en forma de “comedida sugerencia”, pretenden hacerle saber a los funcionarios judiciales “lo que quieren en el Gobierno” cuando se trata de asuntos que tienen un alto impacto ya sea en términos sociales, económicos o políticos.

El personaje en cuestión, a quien se refieren por su nombre en tribunales y juzgados como “el operador de la 4T” para los casos relevantes, es el consejero de la Judicatura Federal Alfonso Pérez Daza, quien de acuerdo con el testimonio de jueces y magistrados a esta columna, es cuidadoso de no pedir nada por escrito o dejar constancia de sus “amables sugerencias” cuando pregunta la opinión de los juzgadores sobre asuntos que tienen relevancia política especial. “No hay presiones ni amenazas, mucho menos exigencia, pero sí hay comunicación verbal sobre lo que él considera que debería hacerse en un determinado caso o que es lo que verían mejor en ciertas oficinas gubernamentales”, comenta un juez federal que pidió el anonimato.

La operación del consejero y sus “visitas” a los juzgados y tribunales se han vuelto más frecuentes en los últimos meses, en lo que va del actual Gobierno, y aunque es cuidadoso de las formas, no deja duda del mensaje que quiere transmitir.

Su activismo al parecer tiene que ver con que Pérez Daza está próximo a concluir su encargo en el Consejo de la Judicatura al terminar en las próximas semanas el periodo de cinco años para el que fue electo en septiembre de 2014 por mayoría de votos del Senado de la República.

Una versión que se escucha en el propio Poder Judicial asegura que a Alfonso Pérez Daza alguien, desde el Gobierno del presidente López Obrador, le dijo que habría interés en impulsar una propuesta con su nombre para presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante la terminación del primer periodo del actual presidente, Luis Raúl González Pérez, en noviembre próximo.

Y aunque González Pérez tiene derecho a buscar su reelección, cada vez es más clara y abierta la animadversión que no solo desde el Gobierno, sino desde el propio Senado, de la Comisión de Derechos Humanos, han expresado hacia el actual ombudsman federal, con pronunciamientos abiertos en su contra y de su actuación, lo mismo del Presidente que de los senadores que han hablado públicamente de “buscar nuevos perfiles para la CNDH”.

Pérez Daza, según la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal, tiene entre sus estudios un diplomado sobre Valores y Habilidades del Defensor de Derechos Humanos en el Tec de Monterrey, además de haber obtenido su doctorado en Derecho “con mención honorífica” en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia. Esa sería una explicación del activismo del consejero federal en favor de la 4T: la de hacer “méritos” para la postulación que le ofrecieron para convertirse en el próximo ombudsman nacional de una CNDH que no moleste ni incomode tanto al Gobierno ni al Presidente con sus “vergonzosas” recomendaciones.

En ese activismo del consejero también podría haber una explicación de por qué a los “casos importantes” para este Gobierno, en temas como el combate a la corrupción o algunos otros procedimientos judiciales, cada vez les va mejor con los fallos y resoluciones de los jueces, quizás a excepción de los que tienen que ver con juicios de amparo para algunos personajes o en el caso del aeropuerto de Santa Lucía, con los más de mil 200 juicios de suspensión promovidos por el colectivo #Nomásderroches, en donde figuran varias organizaciones no gubernamentales.

En cuestión de semanas se abrirá la convocatoria para la elección de un nuevo presidente de la CNDH. Veremos si entre los nombres que se inscriben y que avanzan en el proceso de selección del Senado de la República está el del consejero “operador de la 4T”; de ser así le habrán cumplido y su activismo no habrá sido en vano. En caso contrario, veremos qué sucede con el experimentado exconsejero de la Judicatura.

¿Y EL DINERO DE ZHENLI YE GON?

El caso contra Zhenli Ye Gon ha vuelto a la palestra mediática y de la opinión pública, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzara a hablar del empresario chino-mexicano y ordenara la venta, en un proceso judicialmente impugnado por Ye Gon y sus abogados, de su mansión ubicada en Paseo de la Reforma, en las Lomas de Chapultepec, que fue subastada y vendida en 102 millones de pesos al empresario Carlos Bremer. Además de vender la propiedad, a pesar de un amparo interpuesto por la defensa de Zhenli que alegaba la propiedad de la mansión para su cliente porque nunca fue oficialmente confiscada por el Gobierno, el Presidente también cuestionó ¿a dónde fueron a parar los 203 millones de dólares que en el año 2007 el Gobierno de Felipe Calderón le decomisó al empresario chino?

La respuesta del expresidente Calderón fue automática: “El dinero decomisado a Ye Gon se destinó a la construcción de 335 centros Nueva Vida de prevención y tratamiento de adicciones en el país”. Sin embargo, entre exfuncionarios de la PGR y de la Agencia Federal de Investigaciones que participaron en el decomiso de aquellos 203 millones de dólares el 16 de marzo de 2007, circula otra versión sobre el destino final que tuvo esa fortuna hallada en una habitación de la mansión de Las Lomas: “El dinero de Zhenli Ye gon -dice un exfuncionario de muy alto nivel que estuvo al frente de aquellas indagatorias- fue entregado casi en su totalidad al Gobierno de Estados Unidos que lo reclamó como suyo. Fue el banco del Ejército el encargado de asegurar y transferir el dinero a cuentas del Gobierno estadunidense”.

Zhenli Ye Gon está preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano desde 2016, y su proceso aún no cuenta con sentencia judicial en ninguno de los 12 delitos que le imputó el Gobierno mexicano, a través de la desaparecida PGR, al traerlo extraditado desde los Estados Unidos. Los fiscales estadunidenses, que lo intentaron enjuiciar desde su detención en 2007 también por delitos relacionados con el tráfico de drogas y lavado de dinero, no pudieron probarle ningún delito y terminaron desestimando las acusaciones en su contra.

El pasado 12 de agosto, en una carta que le dictó a su abogado durante una visita al penal del Altiplano y que dirige a la periodista Adela Micha, Zhenli Ye Gon alega su “inocencia de todos los cargos” que le imputan las autoridades mexicanos; dice ser “una persona honesta” y que “hice una gran fortuna de dinero no solo en México, sino en varios países siempre con respeto a la ley”. El empresario naturalizado mexicano niega “haber traficado con sustancias de pseudoefedrina” o tener conexión con ninguna organización criminal. Pero lo más importante de su carta es que argumenta que “respecto a los bienes de fortuna que dice el Gobierno fueron asegurados y subastada mi casa, mi fábrica, mi dinero y otros bienes, nunca fui debidamente notificado y menos aún he ratificado alguna firma. Yo desconozco esa situación y ningún juez o autoridad mencionó esa situación (el aseguramiento de sus propiedades y bienes) porque tampoco tienen conocimiento. Me reservo el derecho para reclamar mis propiedades en el momento oportuno”.

Con base en ese último argumento esgrimido por Ye Gon en su carta, sus abogados presentaron una queja ante el Consejo de la Judicatura por presuntas violaciones legales cometidas por el Gobierno federal en la venta de su mansión, bajo el argumento de que nunca existió un documento de aseguramiento de la propiedad en la fecha de que se le libraron las primeras órdenes de aprehensión en 2006. El recurso fue aceptado por la Judicatura que iniciará la revisión del caso y de la actuación del juez que, sin atender la solicitud de amparo del empresario chino-mexicano y retrasando la revisión de la suspensión promovida, autorizó la subasta y venta del inmueble de Las Lomas.

No se ve fácil la situación para Zhenli Ye Gon y sus alegatos legales y de “inocencia”, cuando el aparato judicial no lo ha condenado, pero sí lo ha hecho el aparato político y la opinión pública en un juicio mediático en el que, sin existir una sentencia condenatoria en su contra que lo declare culpable de los 12 delitos que le imputan, el chino-mexicano ya es señalado como culpable de narcotráfico, su dinero extrañamente desaparecido y sus bienes subastados para apoyar deportistas... Los dados cierran con Serpiente. Semana intensa.
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