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Leopoldo Ramos
Leopoldo Ramos
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18 Agosto 2019 04:15:00
A mano alzada
“Que levante la mano el que tenga credencial de elector”, pidió Lorenzo Córdova Vianello al público asistente a la conferencia Los retos de la democracia electoral, la cual dictó el pasado jueves en la Infoteca de la UAdeC campus Arteaga, junto al también consejero del INE, Marco Antonio Baños. Todos lo hicieron.

Si cuentan con el documento, explicó, es porque acudieron a un módulo del Registro Federal de Electores y entregaron su información general, como domicilio y edad, e incluso datos biométricos al pulsar las huellas dactilares.

Ahora bien, siguió el consejero presidente del INE; “levanten la mano los que estén de acuerdo en que el INE entregue esos datos a la Secretaría de Gobernación”. La negativa fue contundente. “El pueblo ha hablado”, dijo el funcionario electoral a manera de broma.

Más allá del comentario y del ejercicio a mano alzada, por cierto de moda, por un lado está la magnitud de la confianza que el INE ganó a pulso y, en contraparte, el recelo, la sospecha natural de los ciudadanos al Gobierno, aún y con los vientos de cambio que soplan desde julio del año pasado, cuando Morena y Andrés Manuel López Obrador aplastaron a la oposición.

Lo anterior viene a propósito de la propuesta, precisamente de Morena –y que el propio Presidente alienta– para modificar el esquema electoral en dos renglones: reducir a la mitad el financiamiento público de los partidos políticos y eliminar los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). Las dos ideas tienen el común denominador de disminuir el costo electoral.

Pero abaratar la democracia por el simple hecho de contribuir a la austeridad republicana desandaría el camino que los mismos ciudadanos construyeron a lo largo de 30 años, como el respeto al voto y la pluralidad electoral que, en el mejor de los ejemplos, se reflejaron en la contienda presidencial de julio de 2018. Si el sistema electoral, aún y con lo dudoso y objetable que sea, no funcionara, Morena y López Obrador no hubieran llegado a Palacio
Nacional. Simple.

Pero ahora es precisamente el partido en el poder y el Presidente quienes pretenden regresar al pasado. La propuesta para recortar 50% del financiamiento público a los partidos políticos dejaría en desventaja a la mayoría y los condenaría a la extinción.

No habría equidad económica en futuras elecciones. Por ejemplo, en 2020 Morena tendrá mil 760 millones de pesos de presupuesto y se quedaría con 880 si se le quitaran la mitad. Los cerca de 900 millones podría resultar una cantidad razonable para la operación electoral, sin lastimar tanto el erario, pero en ese mismo supuesto, PAN y PRI se quedarían con 485 y 457 millones, respectivamente, mientras que el PRD y el PVEM tendrían financiamiento por alrededor de 220 millones. Los equilibrios se perderían y no habría competencia.

Además, si el INE quedara a cargo de las elecciones locales, ante la desaparición de los OPLES, como lo proponen integrantes de Morena, saldría más caro el remedio que la enfermedad, pues el organismo nacional requeriría reinventarse y acceder a partidas especiales de financiamiento para estar en condiciones de organizar comicios de alcaldes, regidores, diputados locales y gobernador.

Si fuera el caso el INE estaría en riesgo del colapso, el sistema electoral reventaría y la organización de las elecciones volvería a la Secretaría de Gobernación, o a un Consejo Electoral bajo control del Gobierno federal. Panorama catastrófico, extremo, pero posible.

De ahí la advertencia del consejero presidente del INE respecto a que la reforma electoral no se haga sólo pensando “en pesos y centavos”. Nadie está en contra de la austeridad, de quitarle dinero a los partidos para dárselo a los ciudadanos con más necesidades, pero seguramente la mayoría tampoco está de acuerdo en retroceder tres décadas, a los años en que más allá del voto popular, las elecciones se decidían en Bucareli, en el desaparecido Los Pinos o en Palacio Nacional.
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