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11 Noviembre 2019 03:00:00
Economía política de la innovación
La innovación como política pública se enfrenta a varios problemas en el contexto de México y de América Latina, ya que, por décadas, esta importante función económica se encuentra a cargo del Conacyt, una institución más dedicada a la ciencia y la educación, que a la productividad y las exportaciones.

Por ejemplo, los países asiáticos enfocaron mediante la planeación prospectiva un modelo que logró que sus sociedades rurales y precapitalistas transitaran hacia sociedades intensivas en capital, crecimiento económico sostenido y el surgimiento de consorcios industriales competitivos a nivel global.

Otro ejemplo a resaltar de la economía política de la innovación, es la Unión Europea, que precisamente desvincula el proceso educativo y la ciencia básica de la innovación y, mediante una “directiva europea” y un “fondo regional”, estimuló las políticas de innovación basadas en infraestructura, como parques científicos y tecnológicos, centros de innovación especializados en cada sector de la industria y la formación de consorcios tecnológicos para avanzar en la competitividad, como es el caso de Airbus.

En México no hay, y no ha habido, una política de innovación equiparable a las que se utilizan en EU, Canadá, Unión Europea o los países asiáticos. El marco legal actual se centra en que la infraestructura científica, tecnológica y de innovación se dedique a “resolver los grandes problemas nacionales”, sin embargo a lo que se ha dedicado realmente, es a la ciencia básica y a la formación de recursos humanos.

La realidad es contundente: ni se generan patentes en la investigación y desarrollo tecnológico, ni se contribuye a resolver los grandes problemas nacionales. Esta realidad no solo es el resultado de la pobre inversión en investigación, desarrollo tecnológico e innovación (CTI), sino por una cultura elitista que demerita al mercado y a las actividades productivas.

Esta cultura se basa en la discriminación de la industria, las actividades productivas y sus agentes económicos. De muchas maneras, la infraestructura CTI del país es antiempresarial y antimercado. Prueba de ello es que la infraestructura de servicios tecnológicos del país que identifica la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación excluye la ciencia aplicada al conocimiento de los mercados.

Otra prueba de la confusión del sector público en materia de innovación, es que en un esfuerzo de renovación y reestructuración del Gobierno, pretende desmontar la normalización como política estratégica en materia de tecnología y se le reduce a una infraestructura de calidad.

Este enfoque refuerza la exclusión, la reduce solo a organismos metrológicos, de normalización, certificación, laboratorios de ensayo, verificación de terceros autorizados y entidades de acreditación. Es decir, la calidad desvinculada de la ciencia aplicada y la innovación.

Como resultado, se produce un sesgo más radical que el que hemos venido arrastrando en el Sistema Nacional de Innovación. Es decir, que la infraestructura científica siga siendo científica y que la infraestructura de calidad se dedique a la productividad.

La infraestructura de calidad no tiene mérito científico, no es atractiva para tecnólogos y se reduce solo a actividades productivas y comerciales. Con ese enfoque reduccionista, se desmaterializa el papel de las “normas oficiales mexicanas” como regulaciones técnicas y las “normas mexicanas” como plataforma tecnológica del país, no solo de calidad, sino también de inocuidad, bioseguridad, control de procesos, impacto ambiental, salud de las personas, los consumidores y los sistemas de innovación.

La normalización es un proceso sustantivo para configurar plataformas tecnológicas. Mediante ella, se ha logrado crear nuevos mercados, estandarizar productos, interoperar en múltiples mercados, así como una mayor seguridad del consumidor, los trabajadores y el cuidado al medio ambiente.

Las normas y los acuerdos técnicos industriales hacen posible la innovación, acoplando múltiples patentes, ya sea de proceso o de producto, para la rápida evolución de la telefonía celular, las redes de telecomunicaciones, las aeronaves, el desarrollo de autos eléctricos y tractocamiones más amigables con el medio ambiente.

La economía política de la innovación es fundamental para el estado de bienestar, el desarrollo de Pymes innovadoras y el avance tecnológico de la nación. Por ello, se debe revisar la transversalidad de las políticas de innovación en cada dependencia reguladora, impulsar el sector del conocimiento en su conjunto y reconfigurar la infraestructura de servicios tecnológicos y de innovación, para evitar un enfoque reduccionista y la falta de incentivos a la innovación.

Agenda Industrial
Rodrigo Alpízar Vallejo
@Ralpizarv

10 Noviembre 2019 04:06:00
Paridad de género en Coahuila
Por: Gerardo Blanco

El domingo pasado, a vuelapluma, abordamos el tema de los lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en el registro de las candidaturas que participarán en la elección de diputaciones, así como en la integración del Congreso del Estado, aprobados por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC). En pocas palabras, las reglas para que el Poder Legislativo local se integre por el mismo número de mujeres y de hombres.

Entre sus disposiciones más controvertidas se encuentra el Artículo 17, que establece lo siguiente: “Tratándose de las candidaturas por el principio de representación proporcional, los partidos políticos deberán presentar un listado único de fórmulas de candidato propietario y suplente del mismo género, iniciando con el género femenino, de tal manera que a una fórmula de un género siga siempre un formula de género distinta; hasta completar el número de diputados y diputadas”.

Lo que nos interesa, en esencia, radica en la obligación que se les impone a los partidos políticos para que las listas de candidaturas de diputaciones por el principio de representación proporcional (popularmente conocidas como pluris) sean encabezadas por mujeres. Esta medida, entre otras, se ha venido aplicando en diversas entidades federativas con el fin de garantizar que las mujeres accedan y ejerzan en igualdad de circunstancias los cargos de elección popular.

Esto presupone, en el caso concreto, que la primera asignación que le corresponda a cada partido político será para una mujer. Precisamente esa es su finalidad, privilegiar el acceso del género femenino a los cargos públicos, ya que, históricamente, en el terreno político –y en mucho otros– se encuentra en un plano de desventaja frente al género masculino.

Hay que recordar que en el proceso electoral 2020 participarán 11 partidos políticos –siete nacionales y cuatro locales– y solo se aginarán nueve diputaciones por el principio de representación proporcional. Mucho dependerá de los votos que obtenga cada uno de los partidos para saber, en primer término, cuántos de estos tendrán derecho a acceder a la asignación de diputaciones por este principio –se debe alcanzar cuando menos el 3% de la votación válida emitida, sin embargo, ese presupuesto no le garantiza per se alguna diputación, toda vez que el congreso deberá quedar equilibrado de conformidad con los principios de sub y sobre representación que establece el Artículo 116 de la Constitución Federal– y, en segundo término, cuántas diputaciones se le asignarían a cada uno y a qué género corresponderán. Por lógica, sabemos, se pueden presentar un sinnúmero de escenarios.

Sin embargo, esta regla generó la inconformidad de algunas fuerzas políticas como fue el caso del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Coahuilense (PRC), que no dudaron en impugnar dicha disposición ante los tribunales electorales, bajo el argumento de que, desde su perspectiva, esa medida no es necesaria en nuestro estado, toda vez que el congreso coahuilense, desde legislaturas anteriores, se ha conformado de manera paritaria. (La legislatura anterior se conformó por 12 mujeres y 13 hombres, mientras que la actual se integra por 14 mujeres y 11 hombres. Es decir, efectivamente, en la legislatura 60 existió paridad y la legislatura 61 se encuentra legalmente sobre representada por el género femenino).

La realidad, aunque no lo admitan, es que la regla no gustó porque desarticula los pactos adoptados por las cúpulas partidistas, toda vez que, como ya lo habíamos comentado, estos acuerdan su primera diputación de la lista para perfiles masculinos.

Por cierto, en los próximos días, el IEC estará por aprobar a las y los integrantes de los 16 comités distritales electorales –órganos que coadyuban con la organización electoral en las demarcaciones territoriales del estado, los cuales están compuestos por cinco ciudadanos y ciudadanos– por lo que esperamos que también cumplan cabalmente con el principio de paridad. Lamentablemente, por lo visto en el proyecto previamente circulado a los institutos políticos, no será así. Ya veremos.
10 Noviembre 2019 04:03:00
Saltillo y Monterrey muy pronto quedarán unidos
Por: Jesús Carlos Mena

Monterrey es tan solo 19 años menor a Saltillo en su fundación, pero superior en población en su zona metropolitana al registrar 4.1 millones de habitantes, mientras la misma conurbación en Saltillo apenas llega a un millón de ciudadanos.

Abordar a Monterrey es poner en la mesa a 13 municipios que integran su zona metropolitana, mientras que en el caso de Saltillo lo complementan otros dos municipios.

Las diferencias muestran la integración de la segunda zona industrial y económica más importante de México, como es Monterrey, con un desarrollo urbano apabullante.

Monterrey y su zona metropolitana cuentan con dos aeropuertos, el Mariano Escobedo, a donde llegan 300 vuelos diarios comerciales nacionales y del extranjero y que posee la terminal B, y el Aeropuerto del Norte.

Saltillo tiene una terminal aérea y se quedó sin el único vuelo que tenía a la Ciudad de México. Será hasta diciembre cuando de nueva cuenta tenga un vuelo comercial de lunes a viernes a la capital del país.

Y si usted desea pasear o divertirse se pregunta: ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? En Saltillo puede usted decir a la Alameda, a la Ciudad Deportiva, al Centro Metropolitano, al parque Las Maravillas o a la sierra de Arteaga.

Si las mismas preguntas se las hace un ciudadano en Monterrey, entonces respondería a Bosque Mágico, Paseo Santa Lucía, Parque Fundidora, Plaza Sésamo y una larga lista de puntos de esparcimiento.

Saltillo cuenta con cuatro grandes plazas comerciales y tres más que empiezan a tomar forma, una de ellas a punto de ser terminada, otra en vía de construcción y una más concluida.

Monterrey es considerada por la empresa británica United Business Media (UBM), como la tercera ciudad con más desarrollos comerciales de México.

Tras observar las diferencias, este escrito pretende solo hablar sobre los convenientes e inconvenientes de tener a Monterrey tan cerca, todo esto porque Aeroméxico dejó de operar un vuelo a la Ciudad de México pese a ser un avión de bajo costo y que tenía una ocupación promedio de 80 por ciento.

En tanto en Monterrey se halla de todo -hospitales, centros comerciales, de espectáculos y casi 5 millones de habitantes-, una de las grandes tiendas que tienen allá no se compara con las de aquí.

Vuelos a toda hora a la Ciudad de México y también vuelos internacionales y todo está a 70 kilómetros.

Por los años 40 o 50 los transportes Monterrey-Saltillo se anunciaban uniendo dos grandes capitales, los regiomontanos que venían a Saltillo decían llegaron los “codos” de Monterrey a ver a los “tubos” de Saltillo.

En los años 40 Monterrey se consideró la Ciudad Industrial y Saltillo la Atenas de Mexico. A la distancia, veo que en el futuro Monterrey avanza y Saltillo también va para adelante y quedaremos unidos físicamente en no mucho tiempo.
03 Noviembre 2019 04:00:00
¿Qué contrato debo celebrar para prestar una casa?
Nicanor Moyeda Frias


Es un gusto saludarles nuevamente por este medio, recuerden que este espacio busca crear una cercanía entre un servidor y ustedes lectores, para con ello disipar las dudas que amablemente nos hacen llegar; esta ocasión nos escribe nuestro amigo Ángel, lo siguiente:

“Amigo Notario, tengo una casa en Piedras Negras que me dejaron mis padres y tengo un primo que me la va a cuidar, le voy a prestar la casa para que se conserve y él la cuide y para que me la cuide, no le voy a cobrar renta. He escuchado de muchas historias que luego pasa el tiempo y quieren hacerse dueños, entonces quiero hacer algo por escrito en donde diga que se la estoy prestando y se tiene que salir cuando yo lo decida y pues que eso sea ante notario”.

Amigo Ángel, que importante que usted tenga la prevención de formalizar por medio de un contrato ese préstamo de la casa, pues regularmente no se formaliza y en ocasiones puede generar diferencias entre propietario y quien habita la propiedad.

El comodato, o préstamo de uso, según nuestro Código Civil del Estado de Coahuila, es el contrato por el cual el comodante se obliga a conceder gratuita y temporalmente el uso de un bien no fungible, mueble o inmueble y el comodatario contrae la obligación de restituir el mismo bien, al terminar el contrato.

Las partes dentro del contrato de comodato son el comodante y el comodatario.

El comodante es aquel que permite el uso y disfrute de la cosa de manera gratuita (ustedes). Y sus obligaciones son:

1.- Conceder gratuitamente el uso del bien.

2.- Entregar la cosa que se dará en comodato.

3.- Reembolsar al comodatario de los gastos extraordinarios y urgentes que hubiere hecho para la conservación del bien.

4.- Responder de los defectos de la cosa que causen un perjuicio al comodatario si eran conocidos por el comodante.

El comodatario es el beneficiario, es aquel que disfrutara del bien (su comadre). Y sus obligaciones son:

1.- Conservar la cosa respondiendo de las culpas que pudiera tener de no hacerlo.

2.- El comodatario debe de sufragar los gastos que sean necesarios para la conservación de la cosa, pero solo en tanto sean ordinarios.

3.- El comodatario debe usar el bien solo para el bien convenido sin alterar su forma y sustancia y debe de usarla según su destino natural.

4.- El comodatario debe de restituir la cosa, esta es de todas las obligaciones la más importante.

Como puede ver el comodato es el contrato que usted celebrará con su primo, pues entregará esa casa habitación para que ellos la utilicen y será de modo gratuito, no existe un pago por el uso de ese bien.

Me refiero a que lo celebrará, pues aunque no se tenga un documento como tal, el contrato se celebra por su misma naturaleza; la diferencia es que si se estipula en un contrato podrán establecerse cláusulas especiales y los acuerdos quedarán plasmados para su posterior interpretación.

La figura del comodato como lo vemos en el código civil prevé la devolución de la cosa o bien al término del contrato, esto quiere decir que la persona a la que le prestará la casa estaría obligada a devolver el bien según se establezcan tiempos en el contrato.

El hecho de que Ustedes celebren el contrato y se ratifiquen sus firmas ante un notario, ayuda a dar certidumbre jurídica al acto como tal y en su momento poder exigir su cumplimiento con la certeza de que quienes comparecen han reconocido el contrato y de lo cual el notario ha sido testigo y ha dado fe de ello.

Mi recomendación es que acuda con el notario de su confianza y le asesore a detalle, celebren un contrato de comodato y estipulen en él todo lo que sea de su interés y dé tranquilidad a las dos partes, el comodato es un préstamo con la seguridad que el bien que se da en préstamo sea devuelto a su dueño, como consejo le sugiero de una temporalidad corta al comodato y se vaya renovando a su vencimiento.

Agradezco la oportunidad que me dan para aclarar sus dudas y me reitero a sus apreciables órdenes, enhorabuena amigos!

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27 Octubre 2019 04:05:00
El mal uso de la democracia participativa II
Por: Gerardo Blanco

El asunto de la democracia participativa, comentamos el domingo pasado, no resulta ser una buena idea cuando son los gobiernos y no los ciudadanos quienes se benefician de ella.

Abordamos, a vuelapluma, el caos político, económico y social que ha provocado el Brexit, al no existir hasta el momento un acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea para pactar una salida en la que ambos salgan satisfechos. Sobrevolamos por el referéndum por la paz en Colombia y el fallido referéndum separatista en Cataluña, cuyos estragos profundizan la crisis hasta hoy.

Sin embargo, los ejemplos abundan. El convulso proceso electoral que se vive actualmente en Bolivia, mediante el cual el presidente Evo Morales pretende reelegirse por tercera vez para ejercer su cuarto mandato consecutivo, está precedido por un referéndum, celebrado en febrero de 2016, cuyos resultados arrojaron que 51% de ciudadanía boliviana rechazaba modificar la Constitución para permitir al Presidente reelegirse por un periodo más.
Ignorando por completo el resultado de la consulta, el Tribunal Constitucional de Bolivia determinó, en una resolución absurda, que limitar el mandato presidencial a solo dos periodos constituía una violación a los derechos políticos del Presidente, permitiéndole volverse a postular en las elecciones de este año.

Precisamente por su naturaleza, como muchos otros derechos humanos, los derechos políticos tienen límites intrínsecos con el fin de proteger los principios esenciales de la democracia. Este es el caso, ya que el ejercicio de los cargos públicos en los regímenes democráticos debe estar supeditado a un periodo claramente determinado, con el fin de garantizar la periodicidad de las elecciones y evitar los cacicazgos.

Por lo que respecta a México, como mencionamos la semana pasada, el Senado de la República modificó la Constitución federal para regular la figura de la revocación de mandato. Según el dictamen, la revocación de mandato deberá entenderse como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada del desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza.

A pesar de ser una figura de la democracia participativa que, en apariencia, les otorga el poder a los ciudadanos para remover de manera anticipada a los malos gobernantes, la realidad es que paradójicamente, puede ir en detrimento de la estabilidad democrática y de la gobernabilidad, cuando se utiliza de manera perversa por los partidos políticos o por el Gobierno en turno.

El referido dictamen dispone, para bien, que el Instituto Nacional Electoral (INE) sea la autoridad encargada de convocar y organizar dicho ejercicio, y, en su caso, los Oples en los estados. Se podrá promover en contra del Presidente de la República y de los gobernadores en cada una de las entidades federativas. Aunado a ello, solo podrá ser solicitado por las y los ciudadanos “en un número equivalente, al menos, 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a cuando menos 17 entidades federativas y que representen, como mínimo, 3% de la lista nominal de electores de cada una de ellas”.

Además, solo se podrá utilizar en una sola ocasión, durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, y por ningún motivo se podrá celebrar de manera concurrente con las elecciones constitucionales, como inicialmente pretendía el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para que la revocación de mandato cumpla sus objetivos, el reto, aunque se antoja complicado, será que los partidos no la utilicen como una herramienta de permanente amenaza para el Gobierno, movilizando a su militancia para la recolección de firmas o, por otro lado, que sea el propio Gobierno que lo utilice para buscar una legitimidad engañosa con el fin de perpetuarse en el poder.

Aunque esto sería lo deseable, la lógica nos invita a pensar que será todo lo contrario.
20 Octubre 2019 04:02:00
El mal uso de la democracia participativa
Por: Gerardo Blanco

Los instrumentos de la democracia participativa –revocación de mandato, referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana, entre otros–, tienen como objetivo que los ciudadanos de manera directa se involucren en la esfera pública, independientemente de las responsabilidades de nuestros representantes populares elegidos por la vía electoral.

Es decir, en el contexto actual, la democracia participativa es emergente y complementaria de la democracia representativa. El espíritu de la democracia participativa, en esencia, la encontramos en la democracia directa de la Atenas del siglo 5 a. C., donde los ciudadanos se reunían en la asamblea para decidir los asuntos importantes de la ciudad.

En su modelo contemporáneo, los primeros ejercicios participativos se produjeron en la década de los 70 del siglo 20 a través de los llamados núcleos de intervención participativa en Alemania. Sin embargo, experiencias recientes nos obligan a cuestionar el uso irresponsable y antidemocrático, por parte de los gobiernos de estos instrumentos, los cuales deben ser impulsados y aprovechados por los ciudadanos, no por los gobernantes.

El ejemplo paradigmático es el Brexit, proceso por el cual la ciudadanía del Reino Unido determinó salirse de la Unión Europea, al parecer, sin la información necesaria a la mano para tomar una decisión de tales dimensiones.

Al respecto vale preguntarnos: ¿el Gobierno puso a disposición del electorado la información indispensable para sopesar los posibles efectos políticos, económicos y sociales de una eventual salida?; ¿sabrían sobre el complejo procedimiento que implicaría encontrar un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido, y después la necesaria aprobación del mismo por el Parlamento y el Consejo Europeo, respectivamente?; ¿los electores tenían en cuenta la problemática que representaba en materia aduanera la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda?; ¿contemplaron, para definir el sentido de su voto, el costo económico que supondría cristalizar la separación?; ¿conocían lo que implicaba una salida abrupta, forzada, sin acuerdo entre las partes?; ¿imaginaron una crisis constitucional como la que se dio por la decisión del primer ministro, Boris Johnson, al intentar suspender las actividades del Parlamento por un periodo de cinco semanas, declarada, posteriormente, inconstitucional por el Tribunal Supremo?

Algo similar ocurrió en Colombia, en 2016. Juan Manuel Santos, entonces Presidente de ese país, sometió a consideración de la ciudadanía si deberían firmarse los acuerdos de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El resultado arrojó que el 50.2% de votantes optó por el no, mientras el 49.8% se inclinó por el sí. Más allá del resultado, el Gobierno determinó firmar los polémicos Acuerdos de La Habana, pactando una amnistía con la guerrilla.

Otro ejemplo es el referéndum separatista fallido en Cataluña, cuya tensión se ha extendido hasta estos días, con disturbios masivos y una histórica sentencia del Tribunal Supremo en contra de los líderes independentistas. Sin embargo, la crisis parece no tener fin.

México no se queda atrás. La bochornosa consulta popular que se llevó a cabo en Baja California el domingo pasado es un pésimo ejemplo de cómo no deben utilizarse los mecanismos de democracia participativa.

Sin contar con los procedimientos mínimos para garantizar la autenticidad de un ejercicio democrático, se instalaron 250 casillas –mientras en una elección constitucional se instalan más de 4 mil casillas en esa entidad– para consultar a los ciudadanos si el gobernador electo, Jaime Bonilla, debe permanecer en el cargo cinco años y no dos, periodo por el que fue elegido constitucionalmente.

Hacer una modificación al periodo del encargo después de celebrarse la elección, como pretende el impresentable de Bonilla, supone trastocar el derecho al voto ciudadano y a los principios constitucionales de certeza y de autenticidad de las elecciones.

Por si fuera poco, esta semana el Senado aprobó las figuras de revocación de mandato y consulta popular. Temas que, por espacio, abordaremos la próxima semana.
20 Octubre 2019 04:00:00
El divorcio y las propiedades que se ceden a los hijos
Nicanor Moyeda Frías


Es un gusto saludarles nuevamente por este medio, recuerden que éste espacio busca crear una cercanía entre un Servidor y Ustedes Lectores, para con ello disipar las dudas que amablemente nos hacen llegar; esta ocasión nos escribe una amiga que no nos proporciona su nombre, lo siguiente:

“Amigo Notario, mi esposo y yo nos divorciamos hace 5 años y en el convenio decidimos que las únicas dos propiedades que teníamos las pasáramos a él único hijo que tenemos, lo qué pasa es que ahora se ha presentado una urgencia de dinero y quisiéramos vender uno de los terrenos de común acuerdo, pero nos dicen que como ya es de nuestro hijo, nosotros ya no podemos vender y que además como es menor no se puede vender. ¿Qué podemos hacer?.”

Amiga, en nuestra legislación, los menores de edad pueden ser propietarios de bienes inmuebles, en las siguientes líneas le explicaré como pueden intervenir en una compraventa como vendedores.

La compraventa según el Código Civil de nuestro Estado lo define de la siguiente manera: “La compraventa es un contrato por el cual una de las partes, llamada vendedor, se obliga a transferir a la otra, llamada comprador, la propiedad de un bien, obligándose esta última a pagar por ello un precio cierto y en dinero”

Debemos de distinguir las partes que intervienen en la compraventa y que lo son el vendedor y el comprador, uno el que transmite la propiedad de la cosa y recibe un precio cierto y en dinero y el segundo quien paga el precio a cambio de recibir la cosa materia del contrato.

Son obligaciones del vendedor las siguientes:

1. Es responsable de la evicción, esto quiere decir que quien vende es responsable si ante el comprador es hecho valer un derecho anterior a la compraventa, por lo que de privarle al comprador de su propiedad el vendedor debe indemnizar al adquiriente por los daños y perjuicios causados.

2. Entregar el bien objeto del contrato.

3. Garantizar la posesión útil del bien, el vendedor está obligado a responder de los vicios ocultos.

4. Garantizar una posesión pacífica, se obliga el vendedor a responder de las perturbaciones que por hechos materiales o actos jurídicos anteriores a la venta sufriera el comprador.

5.- El pago del Impuesto Sobre la Renta que pudiera generarse de la enajenación.

Son obligaciones del comprador:

1. Pagar el precio cierto y en dinero, tiempo, lugar y desde luego forma convenidos en el contrato.

2. Pagar en una sola exhibición si no se estipularon pagos parciales.

3. Pagar los gastos de escrituración.

4. Recibir el bien inmueble.

Entre los elementos necesarios para la validez de la compraventa se encuentra la capacidad para contratar, elemento este que es necesario en la mayoría de los contratos.

El hecho de que su hijo tenga propiedad de ese bien que quieren vender, no es suficiente para celebrar la compraventa, pues hay que cumplir con los requisitos de dicho contrato. A su hijo le falta la capacidad para contratar, capacidad que el conseguirá cuando cumpla la mayoría de edad.

Si la compraventa quisiera realizarse antes de que el consiguiera la capacidad, Ustedes tienen que cumplir con ciertos requisitos que ordena la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza.

Esta Ley ordena que quienes desempeñan la patria potestad pueden enajenar o gravar los bienes inmuebles de propiedad del hijo o hija, para lo cual habrán de demostrar que existe una causa de absoluta necesidad o evidente beneficio, previa autorización de la autoridad judicial y consentimiento de la niña o niño si tiene doce años cumplidos o más.

Posterior a ello y si la autoridad judicial concedió licencia a quienes desempeñan la patria potestad, para enajenar el bien inmueble perteneciente a la niña o niño, tomará las medidas necesarias para que el producto de la venta se dedique al objeto por el cual se concedió la autorización, y el resto, si lo hubiera se invierta en la adquisición de un inmueble o se deposite en una institución de crédito o se imponga con segura hipoteca en favor de la niña o niño, según sea más conveniente para ésta o éste

Mientras se cumple con esto que le comentó, el precio de la venta se depositará en una institución de crédito, procurando que la suma depositada reditúe el mayor interés y la persona que desempeña la patria potestad no podrá disponer de ese dinero sin orden judicial.

Amiga, si es posible vender la propiedad de su hijo, pero es necesario que un Juez lo autorice, y que sea por necesidad o un evidente beneficio.

Le recomiendo acudir con el notario de su confianza y obtener más información de acuerdo a la situación en particular.

Agradezco la oportunidad que me dan para aclarar sus dudas, y me reitero a sus apreciables órdenes, enhorabuena Amigos!

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13 Octubre 2019 04:05:00
El papel de los jueces
Por: Gerardo Blanco

El martes pasado, para sorpresa de muchos, estuvo en Saltillo el jurista y filósofo español Manuel Atienza, presentando su libro Comentarios e Incitaciones: una defensa del Pospositivismo Jurídico, publicado este año por la editorial Trotta. El evento fue auspiciado por la coordinación entre la Casa de la Cultura Jurídica y el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, en cuya sede se realizó la tertulia académica.

Atienza, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante, ha estudiado, durante más de cuatro décadas, temas relacionados con la historia y la teoría del Derecho, la argumentación jurídica y sobre otras formas y perspectivas de ver y pensar el Derecho en la transformación social.

La charla se enfocó, entre otras cosas, en el papel que tiene el juez en la sociedad actual. De acuerdo con el jurista, lo que él denomina “activismo judicial” puede ser nocivo para la impartición de justicia en las democracias constitucionales.

Sin embargo, hay que matizar, ya que mientras en Europa el activismo judicial es adjetivo descalificatorio, al describir un juez que actúa sobrepasando los límites previstos en la propia norma; en cambio, en América Latina el juez activista es aquel que actúa en defensa de los derechos humanos de las y los integrantes de la comunidad.

El propio autor menciona que el activismo desde la perspectiva europea se caracteriza por ver en el Derecho una dimensión valorativa, que prescinde de los fines y valores que dan sentido a la práctica jurídica, dejando de lado que el Derecho es también una práctica autoritativa, en la que las reglas juegan un papel esencial.

La desviación, comenta, consiste aquí en prescindir de los medios, de las formas; en no tomar en cuenta que si la interpretación es tan relevante en el Derecho, se debe precisamente al papel que juega en él la autoridad.

El juez que asume la existencia de límites, concluye Atienza, no es por ello el juez formalista, sino el que trata de encontrar un equilibrio adecuado entre las exigencias de la autoridad y la necesidad de satisfacer los fines y valores que caracterizan al Derecho del Estado constitucional. Es el juez justo, no justiciero; activo, no activista.

Tomando en cuenta la concepción europea del término, entendiéndolo en términos descalificatorios, el tema, para el contexto de nuestro país, se torna importante justo cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra en el ojo del huracán después de la reciente renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro, por causas que no planteó en su carta de renuncia –como lo exige la Constitución– pero envuelto en un conocido alud de acusaciones públicas por presuntos actos de corrupción, lo que abrió el debate respecto a la independencia del Poder Judicial y su papel como contrapeso frente a otros poderes.

A lo anterior hay que sumarle las múltiples críticas al ministro presidente, Arturo Zaldívar –reconocido por sus sentencias en casos como el de la guardería ABC o el de Florance Cassez– quien esta semana, sentando un precedente histórico en el máximo tribunal, rindió una conferencia de prensa donde aportó información relativa a la corrupción y nepotismo que se vive en el Poder Judicial.

Esto le atrajo, por parte de sus detractores, un cúmulo de críticas acusándole de sobreexponerse mediáticamente, lo que según estos, no es inherente a las tareas de los juzgadores, sino la discreción y la prudencia.

Se puede estar de acuerdo o no con esta postura sobre los límites de la exposición mediática de los jueces, incluso en plataformas como las redes sociales, acordándonos que estos serán recordados preponderantemente por sus sentencias y no por sus dichos.
Quien quiera ser protagonista, dice Atienza, que mejor se dedique a otra cosa, como a la política, por ejemplo.
13 Octubre 2019 04:00:00
¿Qué hacer al terminar de pagar un crédito hipotecario?
Nicanor Moyeda Frías


Es un gusto saludarles nuevamente por este medio, recuerden que este espacio busca crear una cercanía entre un servidor y ustedes lectores, para con ello disipar las dudas que amablemente nos hacen llegar; esta ocasión nos escribe un (a) amigo (a) que no nos proporciona su nombre, lo siguiente:

“Notario Amigo! Tengo una duda, y espero pueda ayudarme. Estoy por acabar de pagar el crédito bancario de mi casa que saqué hace ya casi 15 años. Lo quiero saber es que necesito para hacer ya mis escrituras definitivas.”

Buena tarde Amigo (a), le felicito por haber terminado con el compromiso que es un crédito hipotecario.

La hipoteca es un derecho real que se constituye sobre bienes inmuebles -como su casa- y sus accesorios y pertenencias, para garantizar el cumplimiento de una obligación -como fue el crédito que otorgó el banco- y su preferencia en el pago. Aún y que los bienes hipotecados no se entregan al acreedor (Banco), si quedan sujetos al gravamen que se impone al constituir la hipoteca.

Los bancos otorgan distintos tipos de créditos, y uno de ellos son los que se utilizan para adquirir viviendas (conocidos como créditos hipotecarios), y para garantizar que se va a cumplir con los pagos se constituye una hipoteca sobre la vivienda que se compra con la obtención del crédito, entonces en el Registro Público de la Propiedad, usted aparece como propietario, pero con la hipoteca que se constituye como garantía, esto con la finalidad que su propiedad asegure que se cubrirá el adeudo con quien le ha prestado el dinero para obtener dicha propiedad.

Ahora bien, por lo que me platica, usted esta por liquidar esa hipoteca de la que hemos platicado, al llegar ese día usted deberá de acudir a la sucursal bancaria a solicitar la instrucción notarial para la cancelación de hipoteca y dependiendo de cada Institución Bancaria requerirán distinta información.

La cancelación de hipoteca a la que me he referido consiste en la escritura pública que otorgará el Banco donde se hace constar que usted no tiene adeudo y que al inscribirse en el Registro Público dejará a su propiedad libre de gravamen; esto quiere decir que Usted ya puede disponer de su propiedad después de ese momento y que ya no está hipotecada.

Le recomiendo que tan pronto esté liquidado el total del adeudo con el Banco, acuda a una sucursal de dicha institución y empezar con ese trámite para liberar su propiedad.

Es importante aclararle que la escritura que se otorga solo es para cancelar un gravamen, y no consiste en una enajenación o cambio de propietario.

Agradezco la oportunidad que me dan para aclarar sus dudas, y me reitero a sus apreciables órdenes, enhorabuena amigos!

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