Ciudad de México.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó anular la elección presidencial y se alista para aprobar el dictamen que declare al priísta Enrique Peña Nieto presidente electo.

Como lo adelantó EL UNIVERSAL, el organismo concluyó que la coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) no había presentado pruebas para acreditar que quien fuera candidato presidencial de la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM) transgrediera principios constitucionales como libertad de sufragio y equidad en los procesos electorales.

Es decir, no acreditó compra indebida de tiempo en radio y televisión; cobertura noticiosa sesgada a favor de Peña, particularmente de Televisa, Radio Fórmula y la revista Quién; uso de encuestas con fines electorales; compra y coacción del voto; rebase del tope de gastos de campaña y desvío de recursos federales a favor del ex gobernador del Estado de México.

“Tuvimos elecciones libres y auténticas. Tenemos autoridades electorales robustas y confiables y un marco normativo democrático… Lo conducente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución, es que México tiene a un presidente electo por el pueblo, Enrique Peña Nieto”, aseguró el magistrado Salvador Nava Gomar.

Agregó que aun cuando la coalición alegó una causal de nulidad no expresamente prevista en la ley y presentó pruebas extemporáneas (pues no se acreditó su carácter de supervenientes), el TEPJF estudió todos los agravios y todas las pruebas.

Una vez desestimado el alegato de nulidad, el organismo electoral informará el cómputo final de la elección presidencial y votará el dictamen relativo a la declaratoria de validez de la elección presidencial y de presidente electo. A su vez, entregará la constancia de mayoría a Peña Nieto.

No prueban financiamiento encubierto

El proyecto de sentencia –elaborado por los magistrados Flavio Galván, Constancio Carrasco y Salvador Nava, integrantes de la Comisión Calificadora de la Elección Presidencial— fue avalado por unanimidad por los magistrados electorales. El argumento central: no se acreditó violación generalizada a principios constitucionales como libertad de sufragio y equidad en los procesos electorales.

El Tribunal aseguró que Movimiento Progresista no pudo acreditar que priístas hubieran pactado con la empresa Frontera Televisión Network el pago de 56 millones de dólares por promover la imagen de Peña Nieto. El contrato presentado por la coalición carecía de firmas y registraba inconsistencias.

Sobre Monex, reconoció la existencia de 2 mil 578 vinculadas con empleados del Grupo Comercial Inizzio (una de las empresa que según la izquierda sirvieron para transferir recursos irregulares a la campaña de Peña) y solo seis tuvieron como beneficiarios a representantes generales del PRI.

Desestimó las pruebas y argumentos aportados por la izquierda para alegar rebase de tope de gastos de campaña por parte de Peña Nieto.

Sobre las encuestas “amañadas” recordó que los especialistas en la materia sostienen que los resultados de las encuestas electorales “no son adecuados ni suficientes para deducir el comportamiento final del electorado”. “No deben ser equiparados como predicciones de eventos futuros”.